SINDICATURA DE TECATE BAJO ESCRUTINIO: PENDIENTES EN SEGURIDAD PÚBLICA, CONTROVERSIAS Y CUESTIONAMIENTOS POR TRANSPARENCIA
/ Berenice Barreto / Tecate
- Las primeras promesas: detectar irregularidades
- El caso del presunto robo de combustible
- La primera y única destitución… y la posterior reinstalación
- Transparencia y acceso a la información
A casi dos años del inicio de la actual administración municipal, la Sindicatura Procuradora del XXV Ayuntamiento de Tecate, encabezada por Sarahí Osuna Arce, enfrenta uno de los periodos de mayor escrutinio público. Procedimientos administrativos pendientes contra policías municipales, investigaciones cuyos resultados no han sido dados a conocer, señalamientos públicos de presuntos actos de corrupción, resoluciones revocadas por tribunales y cuestionamientos por la forma en que se ejerce la comunicación institucional han colocado al órgano interno de control en el centro del debate ciudadano.
La Sindicatura Procuradora tiene como principal responsabilidad vigilar el actuar de los servidores públicos municipales, investigar presuntas faltas administrativas, supervisar el correcto uso de los recursos públicos y promover la legalidad dentro del Ayuntamiento. Por la naturaleza de sus funciones, su actuación resulta fundamental para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
Al inicio de la administración, Sarahí Osuna informó públicamente los resultados del proceso de entrega-recepción, señalando que fueron detectadas 361 observaciones en el gobierno central y 56 en organismos paramunicipales. Asimismo, anunció la identificación de 28 irregularidades consideradas de atención prioritaria, las cuales serían objeto de investigación.
Uno de los casos más relevantes fue la desaparición de 27 expedientes pertenecientes a la administración anterior. La Sindicatura presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado al no poder localizar dichos expedientes.
La propia síndica explicó entonces que la administración saliente no contaba con un libro de gobierno y que gran parte de la documentación no se encontraba digitalizada, lo que impedía conocer el destino de diversos procedimientos administrativos.
Sin embargo, hasta la fecha no se han informado públicamente resultados definitivos sobre esa investigación ni el estado procesal de la denuncia presentada.
En agosto de 2025 surgió otra controversia.
En redes sociales comenzó a difundirse un video donde presuntamente se observaba la extracción irregular de combustible de unidades del servicio municipal de recolección de basura. Aunque Sarahí Osuna minimizó el alcance probatorio del video, informó que la Sindicatura iniciaría una investigación interna para descartar cualquier conducta irregular.
No obstante, no se informó sobre la presentación de denuncias penales derivadas de esos hechos ni posteriormente se dieron a conocer avances o conclusiones de la investigación, lo que generó cuestionamientos sobre el seguimiento del caso.
Durante su gestión, la Sindicatura presentó como uno de sus principales logros la destitución de un servidor público derivada de un procedimiento administrativo. Sin embargo, tiempo después un tribunal resolvió dejar sin efectos esa separación y ordenó la reinstalación del funcionario.
El caso abrió cuestionamientos respecto de la solidez jurídica de los procedimientos administrativos instruidos por la Sindicatura y evidenció que las resoluciones del órgano interno de control pueden ser revisadas y eventualmente revocadas por las autoridades jurisdiccionales cuando se acreditan violaciones al debido proceso o insuficiencias legales.
El caso abrió cuestionamientos respecto de la solidez jurídica de los procedimientos administrativos instruidos por la Sindicatura y evidenció que las resoluciones del órgano interno de control pueden ser revisadas y eventualmente revocadas por las autoridades jurisdiccionales cuando se acreditan violaciones al debido proceso o insuficiencias legales.
Seguridad Pública: el pendiente más delicado
El tema que actualmente concentra la mayor atención pública corresponde a los expedientes administrativos abiertos contra elementos de la Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal derivados de los exámenes de Control y Confianza.
La discusión tomó fuerza después de la detención de policías municipales presuntamente relacionados con la delincuencia organizada. Tras esos hechos surgieron cuestionamientos sobre el avance de los procedimientos administrativos que ya existían contra algunos elementos y sobre la rapidez con la que debieron resolverse los casos para impedir que servidores públicos bajo investigación permanecieran desempeñando funciones operativas.
La propia Sindicatura informó en distintos momentos que fueron integrados decenas de expedientes administrativos derivados de las evaluaciones de Control y Confianza. Sin embargo, no existe información pública detallada que permita conocer cuántos expedientes han concluido, cuántos continúan en trámite y cuáles fueron sus resoluciones.
La síndica ha sostenido públicamente que la Sindicatura no tiene facultades para destituir o reinstalar policías por sí sola, ya que esas determinaciones corresponden a la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial conforme a la normatividad aplicable. No obstante, especialistas consultados consideran que la Sindicatura sí tiene una responsabilidad determinante en la integración de las investigaciones, la sustanciación de los procedimientos administrativos y la presentación oportuna de los expedientes ante las instancias competentes, por lo que la eficacia con la que desarrolla estas funciones resulta fundamental para el fortalecimiento institucional.
Durante su gestión también han surgido diversos señalamientos públicos relacionados con presuntos actos de corrupción y posibles conflictos de interés.Sarahí Osuna ha rechazado dichas acusaciones y ha manifestado públicamente que no existe denuncia formal que acredite responsabilidad alguna en su contra.
Hasta el momento tampoco se ha informado sobre resoluciones emitidas por autoridad competente que determinen responsabilidades administrativas o penales relacionadas con esos señalamientos.
Otro de los aspectos que ha sido señalado entre integrantes del gremio periodístico es la política de comunicación institucional implementada por la Sindicatura. Diversos periodistas locales señalan que las convocatorias para conferencias de prensa han sido dirigidas únicamente a determinados medios de comunicación, dejando fuera a otros espacios informativos que habitualmente cubren la fuente municipal.
Asimismo, distintos representantes de medios afirman que obtener una postura oficial de la síndica procuradora se ha vuelto una tarea compleja, ya que de manera reiterada no atiende solicitudes de entrevista o evita responder cuestionamientos formulados por ciertos medios de comunicación.
Esta situación ha dificultado el ejercicio del principio de contraste de fuentes, indispensable en el periodismo para ofrecer información equilibrada y verificar las distintas versiones de un mismo hecho.
Entre integrantes del gremio existe la percepción de que la funcionaria limita su interacción con medios que mantienen una línea crítica hacia su gestión; sin embargo, hasta el momento no existe un posicionamiento oficial que explique los criterios bajo los cuales se realizan las convocatorias a medios o las razones por las cuales diversas solicitudes de entrevista no han sido atendidas.
Las críticas adquieren mayor relevancia considerando que la propia Sarahí Osuna participó en la firma de un protocolo municipal para la atención y respeto al ejercicio periodístico, instrumento orientado a garantizar condiciones de igualdad, acceso a la información y respeto a la labor de los medios de comunicación.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de acceso a la información pública y establece el principio de máxima publicidad como eje rector del actuar gubernamental. En el ámbito local, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California dispone que toda información en posesión de las autoridades es pública, salvo las excepciones previstas por la ley, y obliga a los entes públicos a privilegiar la difusión oportuna, objetiva y accesible de la información de interés público.
Aunque ninguna disposición legal obliga a una autoridad a realizar conferencias de prensa, especialistas en transparencia consideran que las dependencias públicas deben procurar mecanismos abiertos, imparciales y no discriminatorios para garantizar el acceso equitativo de los medios de comunicación a la información oficial.
Con el propósito de ofrecer una cobertura equilibrada y en cumplimiento de los principios periodísticos de contraste de fuentes, este medio permanece abierto para incorporar íntegramente cualquier respuesta o aclaración que la funcionaria decida emitir.
La Sindicatura Procuradora constituye uno de los principales mecanismos de control interno del Ayuntamiento de Tecate. De la eficacia de sus investigaciones, de la solidez jurídica de sus procedimientos y de la transparencia con la que informe sus resultados depende, en buena medida, la confianza ciudadana en el combate a la corrupción y en la vigilancia del servicio público.
Hoy, los expedientes pendientes relacionados con policías municipales, las investigaciones cuyos resultados no han sido dados a conocer, los procedimientos administrativos revocados por tribunales y los cuestionamientos sobre el acceso a la información mantienen a la institución bajo permanente escrutinio.
En un contexto marcado por el incremento de la violencia, la exigencia de mayor rendición de cuentas y la demanda ciudadana de instituciones confiables, la transparencia, la resolución oportuna de los procedimientos administrativos y una política de comunicación abierta serán elementos fundamentales para fortalecer la credibilidad de la Sindicatura Procuradora y del Gobierno Municipal de Tecate.
