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Política

PROPONEN LEY PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA DE BAJA CALIFORNIA

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  • El inicialista es el Diputado Fausto Gallardo

Dip Fausto GallardoMexicali, Baja California.- El Diputado Fausto Gallardo García leyó ante el Pleno del Congreso su propuesta de Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado, la cual pone énfasis en la coordinación entre los diversos órdenes de gobierno y la participación social en el rubro de la seguridad pública.

En la exposición de motivos, refirió que su iniciativa dará suma importancia a la familia, la educación y los valores para la definición de políticas en contra de la violencia y la delincuencia.

Y agregó: “Dotará a nuestro Estado de un marco jurídico que permita definir y evaluar conjuntamente —gobierno y sociedad— las políticas públicas en la materia, partiendo de la unión de esfuerzos, del intercambio de experiencias, de procesos de aprendizajes compartidos y de la construcción de soluciones colectivas”.

Gallardo García destacó que los desafíos que se enfrentan actualmente en el terreno de la seguridad pública, son grandes y requieren de acciones corresponsables para poder enfrentarlos.

Para ello, dijo que era necesario contar con instituciones públicas que sepan conjugar acertadamente valores democráticos, sensibilidad política, objetivos claros, así como una capacidad de operación y de respuesta inmediata.

En referencia a la colaboración de la familia en la prevención de la violencia y la delincuencia, mencionó que ésta “debe de tener una obvia participación por ser determinante en la formación, bienestar y sano desarrollo de sus integrantes”.

El representante popular del Partido Verde Ecologista de México resaltó también la importancia de la participación del sector educativo, ya que —dijo— “es el medio fundamental para que, en la libertad y en la solidaridad, se formen y desarrollen integralmente los seres humanos”.

En ese sentido, en dicha Ley se promueve la ayuda  para la definición e implementación de las políticas en la prevención del delito, tanto de alumnos como padres de familia, docentes, directivos escolares y demás entes relacionados con la educación.

Asimismo, queda establecido que las autoridades del Estado y Ayuntamientos están obligadas a “incluir la prevención social de la violencia y la delincuencia en sus planes, así como coordinar sus programas; es decir, diseñarse considerando la participación interinstitucional con enfoque multidisciplinario, enfatizando la colaboración con universidades y entidades orientadas a la investigación”.

Por último, el presidente de la Comisión de Reforma del Estado de la XXI Legislatura explicó que, desde enero de 2012, está vigente a nivel federal la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, pero que su iniciativa incluirá elementos propios que privilegian la coordinación interinstitucional y la participación social.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública para su estudio y análisis, y se presentó a nombre de Diputados integrantes de las fracciones parlamentarias del PVEM, PRI, PT, PES, MC y PRD.

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