PROPONE CYNTHIA RUIZ ADICIÓN A LEY DE TRANSPARENCIA LOCAL

• El fin es que el Órgano Garante señale en sus resoluciones omisiones y violaciones por parte de servidores públicos
• Que se turne al órgano de control interno que corresponda e inicie el procedimiento conforme a la Ley en la materia

Mexicali, Baja California.- La transparencia y rendición de cuentas dejó de ser un simple sueño de muchos, para volverse una realidad que ahora adquiere el carácter de constitucional, al quedarse Baja California retrasada en esta materia, indicó la diputada Cynthia Selene Ruiz Ramos.

Así lo indicó al presentar una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Estatal: “entendemos que se están realizando foros donde se escuchan todas las opiniones para un proyecto integral, por lo que con la presente iniciativa hago mi aportación al mismo”.

En dicha iniciativa que fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de Transparencia, la legisladora propuso que el órgano garante que analiza desde el inicio hasta la conclusión las solicitudes de información bajo las cuales se presenta el recurso de revisión, determine la responsabilidad de los servidores públicos y de manera oficiosa se turne a los órganos de control para el procedimiento que marca la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

“Ya no más respuestas con la intención de dilatar la información sin justificar el por qué el retraso de la misma, se debe entender que la transparencia es una obligación y, que más que el Órgano Garante como imparcial en los recursos de revisión, sea quien determine o no la responsabilidad de los servidores públicos”, resaltó.

Según dijo Cynthia Ruiz, en los últimos dos años el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIPBC), ha recibido 458 recursos de revisión en relación a las respuestas de acceso a la información solicitada por los peticionarios que no están conformes con la respuesta recibida.

“Estamos hablando de un número muy alto en relación a las solicitudes de acceso a la información que reciben las dependencias. Y no refleja que los servidores públicos no dimensionan la responsabilidad de la transparencia en sus entidades”, destacó.

Resaltó que peticiones de ampliación del termino sin justificación alguna, respuestas inexistentes, confusas o totalmente ajenas a la petición original, son situaciones a las que se enfrentan los ciudadanos o periodistas cuando solicitan el acceso a la información, debido a que los servidores públicos han usado esta laguna legal de la no sanción, para seguir contestando sin el cuidado debido a la petición de la ciudadanía.

Sin embargo, Cynthia Ruiz dejó en claro que: “no es una simple petición, ya que estamos obligados constitucionalmente a cumplir”.

Por tales motivos, presentó una adición al artículo 103 de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública local, para quedar como sigue: “el órgano garante deberá en su resoluciones señalar las omisiones y violaciones a la presente por parte de los servidores públicos habilitados, así como turnar al órgano de control interno que corresponda para que inicie el procedimiento conforme a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos.