PRESENTA REFORMA A LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL MENOR PARA CORREGIR ABUSOS LEGALES Y HUMANOS

Dip. Molina García criticó la actuación de la Procuraduría para la Defensa del Menor, la cual dice se ha anquilosado y viola los derechos de la niñez.

Mexicali, Baja California.- El diputado Juan Manuel Molina García expuso ante el Pleno del Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de Protección y Defensa de los Derechos de los Menores y la Familia, con el propósito de corregir –dijo– errores legales y humanos que se están cometiendo en perjuicio de niños de Baja California, por parte de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia (PDMyF).

Al respecto dijo que esta Procuraduría, “designada por la Ley para ejercer la atribución de protección en favor de la infancia, si bien ha avanzado en infraestructura y cobertura, se ha estancado en criterios arcaicos y anquilosados que, más allá de proteger a la infancia,  viola sus derechos constitucionales de acceso a la justicia”.

Molina García subrayó que dicha autoridad ha venido castigando la pobreza y la ignorancia de madres y padres jornaleros, asalariados o familias cuyas circunstancias no les favorecen.

Refirió que las determinaciones que a diario emite la PDMyF, en algunas ocasiones son acertadas, pero en la gran mayoría desafortunadas, en donde por regla general la solución inmediata es la internación del niño en albergues temporales o casas hogar, sin una notificación por escrito para los tutores o al propio niño cuando este tiene la capacidad y el derecho de saber lo que pasa.

“¡No podemos hablar de protección de derechos humanos de la infancia,  cuando el 95 por ciento de las determinaciones de intervención es la separación del seno familiar amplio!  ¡No podemos hablar de protección de derechos humanos, cuando se incomunica al niño del mundo que lo rodea, pues el principio de presunción de inocencia es algo desconocido para esta autoridad!”, sentenció el legislador.

El representante popular por el Partido Movimiento Ciudadano abundó en el problema, al decir que no se puede hablar de protección de derechos humanos de la infancia, cuando la prerrogativa de visita familiar se restringe a dos veces por semana por un tiempo de 15 minutos. Y todo ello sin una validación judicial, lo cual no representa ni el 25 por ciento del tiempo que se le da a un preso para recibir a sus familiares y que ha cometido un delito grave.

Y remató: “Pero más aún, cerca del 90 por ciento de estos niños, su caso jamás ha sido  presentado ante un juez familiar para que resuelva en definitiva su situación jurídica, dejándolo separado de la familia y afectando con ello sus derechos”.

El diputado Juan Manuel Molina expresó que las acciones de restricción de derechos de la infancia que realiza la Procuraduría del DIF estatal, se extralimitan y las realiza por encima de las propias atribuciones que la Constitución federal le marca al Ministerio Público como representante de la sociedad.

Por último, criticó que sin un juicio previo por parte de una autoridad de jurisdicción familiar, los menores son asegurados y separados del seno familiar e ingresados a una casa hogar o a un hogar sustituto, además de que se les prohíbe la convivencia con sus tutores.

Esta iniciativa de reforma a la Ley de Protección y Defensa de los Derechos de los Menores y la Familia, fue turnada para su estudio y análisis a la Comisión de Justicia de la XXI Legislatura, por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, diputado René Mendívil Acosta.