LA CIDH PIDE A EU SUSPENDER EJECUCIÓN DE MEXICANO EN TEXAS

Ciudad de México.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de Estados Unidos suspender la ejecución del mexicano Roberto Moreno Ramos que está prevista para próximo el 14 de noviembre en Texas, y a otorgarle “una reparación efectiva”.

En un comunicado, la CIDH recordó a Estados Unidos que está sujeto a las obligaciones internacionales derivadas de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre desde que ingresó en la OEA en 1951.

Con base en ello, pidió a Estados Unidos, y en particular al estado de Texas, a que “respeten plenamente sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Roberto Moreno Ramos, el 8 de noviembre de 2002, y solicitó que Estados Unidos tomará medidas para preservar su vida en espera de que la Comisión investigara las alegaciones contenidas en su petición.

El organismo adoptó el Informe de Admisibilidad No. 61/03 el 10 de octubre de 2003. El 28 de enero de 2005, adoptó el Informe de Fondo No. 1/05 mediante el que concluyó que Estados Unidos era responsable de violar los derechos a la igualdad ante la ley, al debido proceso legal y a un juicio justo con respecto a los procesos penales que llevaron a la imposición de la pena de muerte contra Roberto Moreno Ramos.

En ese informe, la CIDH concluyó que, si el Estado lo ejecutará de conformidad con el proceso penal en cuestión, cometería una violación grave e irreparable del derecho fundamental a la vida garantizado en el artículo I de la Declaración Americana.

Además, la CIDH recomendó a Estados Unidos que proporcionara a Roberto Moreno Ramos un recurso efectivo, incluida una nueva audiencia de sentencia de conformidad con las protecciones de igualdad, debido proceso y juicio justo establecidas en la Declaración Americana, incluido el derecho a una representación legal competente.

Historia del caso

Roberto Moreno Ramos asesinó a su esposa Leticia y sus dos hijos, Abigail (siete años) y Jonathan (tres). La familia fue golpeada con un objeto contundente y en los tres casos se encontraron fracturas en el cráneo.

Sus cadáveres fueron localizados un mes después, enterrados bajo el piso del baño del hogar familiar, después de que la hermana de Leticia la reportó como desaparecida.

Las manos de Abigail habían sido atadas con cinta adhesiva y su boca amordazada antes de su muerte.

Roberto Ramos dijo a los familiares que su esposa e hijos habían fallecido en un accidente de tránsito, pero no les pudo decir dónde. Posteriormente, declaró que había encontrado a su familia asesinada al regresar a casa un día que salió a buscar trabajo.

Luego confesó que había volado a Arkansas después del asesinato para deshacerse del arma homicida, que nunca se encontró. Ramos se casó con otra mujer tres días después de matar a su familia y la llevó a vivir a la casa del crimen. Desde que fue recluido ha sido salvado en siete ocasiones

En febrero de 2003 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, ordenò a Estados Unidos suspender la ejecución de tres de 54 connacionales sentenciados a la pena de muerte, entre ellos Roberto Ramos.

Luego vino la recomendación de la CIDH, en 2005, pero según el organismo, “el Estado no ha tomado medidas para cumplirla”.

Otro intento para salvarlo

La CIDH indicó en su comunicado que celebró una reunión de trabajo sobre el caso de Moreno Ramos entre Estados Unidos y el peticionario el 2 de octubre de 2018, durante su 169º Período de Sesiones, en la que la Comisión hizo un llamado urgente al Estado para que detenga su ejecución y cumpla con las recomendaciones de la CIDH.

Insistió que, en caso de llevar a cabo la ejecución de Moreno Ramos, cometería “una grave e irreparable violación del derecho fundamental a la vida” consagrado en el artículo I de la Declaración Americana.

Además, subrayó, significaría que el Estado ha incumplido las recomendaciones de la CIDH, una acción que va en contra de las obligaciones internacionales de derechos humanos de Estados Unidos como Estado miembro de la OEA en virtud de la Carta de la OEA y otros instrumentos relacionados.