IMPORTANTE REFORZAR POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

Tecate, Baja California.- Un episodio de confrontación entre el exalcalde de Tecate, Darío Benítez, y el esposo de la actual síndico procuradora del Gobierno de Tecate, Sarahí Osuna, ha desatado reacciones en redes sociales y generado un debate sobre la violencia verbal y la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

En un video difundido en redes, por el ex alcalde, quien públicamente se declaro bisexual, se observa al esposo de la funcionaria municipal profiriendo insultos contra Benítez, refiriéndose a él con el término ofensivo “joto”, expresión ampliamente reconocida como un acto de violencia verbal motivado por prejuicios hacia la diversidad sexual.

Este hecho podría configurarse como una violación al Artículo 5º de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación, que establece que ningún individuo podrá ser objeto de distinción, exclusión o restricción por razones de orientación sexual, identidad o expresión de género. De acuerdo con dicha ley, este tipo de expresiones fomentan un ambiente de exclusión y vulneran los derechos fundamentales de las personas.

En ese sentido, de considerarse discriminación de facto, el exalcalde puede acudir ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) para interponer una queja formal. Este tipo de procedimientos pueden derivar en medidas de reparación del daño, disculpas públicas o sanciones administrativas.

Por su parte, el esposo de la síndico procuradora presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, argumentando en sus redes sociales, que ha sido víctima de ataques constantes desde la cúpula del poder desde hace más de tres años, asegurando que la acción expuesta por el ex edil, no es mas que una provocación.

“Esta situación ha permeado más allá de la Política, llegando a familia, amistades, que, desde hace más de tres años, han sufrido este tipo de ataques desde las sombras. Desde personas extrañas que rondan nuestra vivienda y trabajos, hasta la presencia de drones, extrañamente sobrevolando nuestro hogar, fuera de horarios habituales de grabación, y actos de vandalismo” describió en su post de redes sociales, junto con la imagen de la denuncia interpuesta.

Este caso, independientemente de la guerra política que pudiera desatar, ha puesto en el centro de la discusión la necesidad de garantizar el respeto a la dignidad de todas las personas, sin importar sus diferencias, y de reforzar las políticas públicas que prevengan y sancionen cualquier tipo de discriminación.

Por su parte y cuestionado a la postura que el XXV Ayuntamiento el presidente en este municipio, Román Cota, recalco que se trata de un asunto entre particulares, donde no interviene ningún servidor público “si hay alguna persona que de los hechos acontecidos resultara vulnerado o quisiera interponer alguna denuncia, están en todo su derecho de hacerlo y que sea la fiscalía quien determine si existe responsabilidad o si puede abrirse algún proceso de investigación.

En ese sentido, el primer edil declaró que su administracion promueve el respeto a la identidad, a la tolerancia y aseguró que ese es el actuar de todos los funcionarios que forman parte de su equipo.