PERCEPCIÓN… ES.

Un tema que ha generado controversia entre la sociedad, es el relativo a la posible privatización del servicio de recolección de la basura doméstica. El alcalde y otros servidores públicos argumentan vicios y malos hábitos de los trabajadores de limpia; otros argumentan que es muy costoso el mantenimiento de las unidades de recolección y traslado de la basura. Y todo esto en conjunto, aseguran, actúa en contra de un buen servicio de la recolección de los residuos sólidos.

¿Pero será cierto que será más eficiente? ¿No será más costoso entregar este servicio a empresas privadas que obtendrán un beneficio económico por hacerse cargo de este servicio, por el cual los municipios cobran impuestos a los ciudadanos?

Si en el convenio o contrato por el cual el municipio concesione este servicio, se hace de forma transparente y estableciendo las obligaciones y condiciones, en cuanto a la gratuidad para los habitantes y una comprobación de que será más económico entregar este servicio en manos privadas, esto podría ser una buena alternativa.

¿Pero es real que la privatización de los servicios públicos obedece a la incapacidad del gobierno de hacer su trabajo que además es una obligación constitucional? ¿O existen otras razones?

No podemos negar que en los últimos años se ha desatado un proceso acelerado de privatización de los servicios públicos. Esto obedece a una estrategia global del modelo económico neoliberal, que tiene como objetivo la progresiva mercantilización del sector público. Recordemos que dicha estrategia globalizadora, fue diseñada por la Organización Mundial del Comercio que es una agrupación de países creada en 1995 fuera del ámbito de influencia de la ONU, con el objetivo de regir el comercio internacional.

Y de entre los acuerdos de mayor relevancia de esta organización, se encuentra el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios que fue adoptado en el mismo año 1995, (y del cual México es parte) y que promueve la liberalización progresiva de todos los servicios para el comercio internacional.

Este acuerdo si bien fomenta al sector “servicios” también, ha recibido críticas, porque incide de modo sustancial (no necesariamente para bien) sobre los servicios públicos prestados por el sector público en materia de sanidad, pensiones, educación, cultura, transportes, gestión de tributos, telecomunicaciones, suministro de energía, agua, gestión de residuos, saneamiento y turismo.

Y para imponer este modelo, se argumenta que es necesario reducir el tamaño del sector público, que el sector público asume indebidamente la provisión de bienes y servicios que debería prestar el mercado y que la empresa privada es más eficiente, porque evita el despilfarro del recurso público, la negligencia y la corrupción.

Pero esta estrategia, contradice el enfoque constitucional de que el Estado Mexicano, debe promover el bienestar de la población mediante una planeación del crecimiento económico y de desarrollo social, además de ser el principal suministrador de los servicios públicos.

Por tal razón, debemos en primer término, exigir que el municipio actúe con total transparencia en la forma y obligaciones de los contratos de concesión de servicios públicos. Porque con estas medidas, se reduce el control democrático de los servicios públicos y no podemos olvidar que por su naturaleza, la empresa privada se sustenta exclusivamente en la obtención del mayor beneficio económico para la empresa, en donde el ciudadano pasa de ser un objetivo de bienestar para transformarse en un simple cliente. ¡Ese es el verdadero riesgo!

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