DIPUTADO DANIEL RAZO PROMUEVE NUEVA REGULACIÓN CONTRA FRAUDES INMOBILIARIOS

Tiene como pretensión cerrar vacíos legales que permiten discrecionalidad y abusos en el manejo de bienes públicos
• La reforma establece la diferenciación de ocupaciones con fines de lucro y necesidades habitacionales genuinas

Mexicali, B.C.- El diputado Jesús Daniel Razo Córdova, presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley General de Bienes del Estado, con el objetivo de fortalecer el marco legal vigente y proteger el patrimonio público frente a fraudes inmobiliarios y ocupaciones irregulares.
El legislador de Morena subrayó que Baja California enfrenta una problemática creciente de invasión de predios y crisis en el sector inmobiliario formal, derivada de grupos que aprovechan mecanismos legales para apoderarse de terrenos de propiedad nacional. “Tenemos que reconocer que actualmente enfrentamos una problemática grave y creciente de invasión de predios, lo cual exige respuestas institucionales claras y proporcionales”, indicó.
En el análisis del texto vigente de la citada ley, se pueden identificar vacíos normativos que comprometen la seguridad jurídica y abren la puerta a actos que podrían ser impugnados o anulados por órganos de fiscalización, afectando tanto al erario como a acreedores de buena fe. Entre ellos destacan la falta de reglas claras en la valuación de bienes, la ausencia de criterios objetivos para excepciones a licitación pública y la carencia de un orden de prelación entre acreedores.
De igual forma, el congresista destacó la necesidad de regular mejor los conflictos de interés, exigir dictámenes sobre la utilidad pública futura de los bienes y establecer registros públicos de las operaciones de dación en pago, con el fin de garantizar transparencia y rendición de cuentas.
Agregó que la seguridad jurídica de los bienes del Estado no se limita a la existencia de una figura como la dación en pago, sino que requiere reglas previas, objetivas, verificables y públicas.
Por otro lado, la iniciativa plantea distinguir entre ocupaciones organizadas con fines de lucro y aquellas derivadas de necesidad habitacional genuina, con el fin de que la respuesta institucional sea justa y proporcional.
“Buscamos que el patrimonio estatal y municipal se administre con transparencia, evitando abusos y garantizando que la tierra cumpla una función social en beneficio de la colectividad”, precisó Daniel Razo.
En cumplimiento del trámite legislativo establecido, el proyecto de reforma fue turnado a la Comisión de Justicia.