REVISA SECRETARÍA DEL CAMPO SITUACIÓN JURÍDICA DE PARCELAS ESCOLARES
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El programa de parcelas escolares, será diseñado entre la Secretaría de Integración y Bienestar Social, la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria, así como la Secretaría de Educación.
Mexicali, Baja California.- En seguimiento al proyecto de parcelas y huertos escolares, el titular de la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria (SCSA), Héctor Haros Encinas, se reunió con el Magistrado del Tribunal Agrario Unitario de Mexicali, Rafael Hernández Gómez, a fin de solicitar el realizar un trabajo coordinado y conocer la situación actual de cada área agrícola en escuelas del valle de Mexicali.
El Tribunal Agrario es quien se encarga de impartir justicia agraria, dando la garantía de la seguridad jurídica en la tenencia de las tierras ejidales, comunales y de la pequeña propiedad, así como de los derechos de los campesinos a través de la emisión de sentencias.
Haros Encinas había señalado anteriormente que se había solicitado ante el Congreso de Baja California, se le otorgaran facultades a la dependencia que representa para poder desarrollar un programa en conjunto con las sociedades de padres de familia de las escuelas rurales del municipio de Mexicali.
Incluso el día de ayer el diputado presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Asuntos Portuarios y Pesca de la XXII Legislatura de Baja California, Juan Melendrez, presentó el punto de acuerdo, a fin de que la SCSA, así como la Secretaría de Educación, diseñen un programa en conjunto para incluir aquellas parcelas escolares de los ejidos y que en sus reglamentos promuevan la investigación, enseñanza y divulgación de prácticas agrícolas.
El objetivo de realizar un trabajo coordinado con el Tribunal Agrario, es verificar las condiciones actuales y evitar que se siga lucrando con las tierras que corresponden a la comunidad.
Se tiene registro de 119 parcelas escolares en el Estado, las cuales equivalen a 1,243 hectáreas, sin que el beneficio por rentas o cosechas se vea reflejado en un beneficio real en los planteles educativos o en la comunidad.
