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Mexicali

PRESENTAN INICIATIVA PARA REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DE BC

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La pretensión es fomentar la participación ciudadana en las políticas de prevención social y evaluar la política criminal

Mexicali, Baja California.- Con la pretensión de fomentar la participación ciudadana en las políticas de prevención social y evaluar la política criminal, el diputado Ramón Vázquez Valadez, presentó una Iniciativa de reforma y adición a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Baja California.

Cuando se hizo esta Ley, -dijo- por alguna cuestión se omitió como atribución de la Fiscalía, considerar dicha participación. “Y en una nueva perspectiva sostengo que, es clave en el diseño de cualquier política y proyecto que sea para la sociedad, máxime en esta nueva forma de hacer gobierno, donde lo que se busca es la opinión y consenso de todos los ciudadanos”.

Subrayó el legislador, al presentar su iniciativa que, la política busca la realización de los derechos fundamentales; de manera que la participación ciudadana, resulta trascendental en la actividad de todo gobierno y ello exige que la Fiscalía Estatal se apoye con la experiencia de universidades, organismos públicos o privados.

Así mismo, en diversas dependencias para realizar estudios y diseñar, implementar y evaluar la política criminal para combatir la delincuencia en el Estado, lo que vendrá a reforzar su ejercicio en la procuración de justicia.

Por tales motivos, propuso que se adicionaran las fracciones IX, X y XI del Artículo 6, para: Fomentar la participación ciudadana para que coadyuve, entre otros, en los procesos de formulación, desarrollo, aplicación y evaluación de las políticas de procuración de justicia, así como de las instituciones relacionadas y, participar con las autoridades competentes en el desarrollo de las políticas de prevención social de la delincuencia y de la violencia.
 
También plantea adicionar las fracciones XX y XXI del Artículo 14, para: Realizar por sí o con la colaboración de universidades, organismos públicos o privados, dependencias municipales, estatales o federales; estudios para diseñar, implementar y evaluar la política criminal.

Además, establecer medios de información sistemática y directa a la ciudadanía, para dar cuenta de sus actividades, de conformidad con la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

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